La vinculación de la doctrina de los propios actos a la Administración tributaria
La STS 5402/2013 de 4 de noviembre de 2013 y los actos propios de la Administración
Durante esta última década se ha asentado una práctica administrativa y judicial que afecta de plano a la interpretación general de los actos administrativos referente a una institución nacida, inicialmente, en el ámbito del Derecho civil: la doctrina de los propios actos, en relación con la Administración tributaria.
Según afirman sendas sentencias de estos últimos años, cualquier declaración realizada por una Administración tributaria, sea esta expresa, tácita (o, incluso, presunta), impedirá una actuación contradictoria y servirá como directriz en las ulteriores actuaciones administrativas que le sucedan en la causa. Dicho de otro modo, cualquier afirmación que induzca de manera indubitable a una determinada interpretación por parte del órgano no puede ser posteriormente negada, sustituida, revocada u omitida por otro acto, sea en el mismo procedimiento o durante cualquier acto de audiencia.
Esta máxima resuena en la mente de cualquier jurista como una muestra más que evidente del acérrimo axioma de nuestro Ordenamiento, que es la seguridad jurídica, pero en muy escasas ocasiones es llevada al Derecho Administrativo.
Trayendo la teoría a un ejemplo práctico, podríamos afirmar que unos bienes tasados con un valor catastral cierto, del que la AEAT ha tenido conocimiento en ejercicios anteriores y no presenta mayor comprobación, no puede, por causa injustificada (rebus sic stantibus) alegar que el mismo valor presentado en una nueva declaración ordinaria o liquidación responde a, por ejemplo, una diferente aplicación del valor, o que procede la aplicación sobrevenida de coeficientes multiplicadores que actúen en perjuicio del obligado sin mayor instrucción sobre comprobaciones anteriores. Precisamente ello debido a que anteriormente se ha calificado (si bien tácita o presuntamente) que tales valores eran válidos. Esta doctrina presenta discrepancias en cuanto a su aplicación en casos de fraude. La Audiencia Nacional llegó a admitir que preponderan los actos propios, si bien no es frecuente en declaraciones de ilícitos.
No obstante, este aspecto puede no ser tan claro cuando se trata de los actos presuntos, que también han sido calificados como sujetos de aplicación de esta misma doctrina, pese a que la jurisprudencia del Supremo ha venido a clarificar este respecto. Aplicando principios de Derecho administrativo, nos cabría entender que se comprenden como tal las actuaciones del obligado que no han presentado comprobación o reclamación por la administración. Así las cosas, esta inacción también computa (solo en casos determinados) a efectos de inoponibilidad de sus propios actos y pueden ser alegados frente a la Administración. Este matiz no es de aplicación universal, pues en algunos procedimientos sí que se permite a cualquier Administración dictar en contra de lo que el silencio haya cimentado.